Ceranda Digital

Publicado el 26 de Enero, 2006, 11:15

Escrito por Carlos Jimenez Villarejo, fué fiscal anticorupción

El Periódico - 09-01-06.

El 14 de diciembre entró en vigor la  Convención de la ONU contra la corrupción, un instrumento esencial para enfrentarse a una lacra que provoca en el mundo el pago anual por sobornos de 1.000 millones de dólares. Debería ser una gran oportunidad para estrechar el cerco a corruptores y corrompidos. Pero nace con una fuerte debilidad: sólo ha sido ratificada por 38 estados, entre los que aún no está España, de los 140 firmantes. En todo caso es una buena noticia, en cuanto fomenta una cultura contra la corrupción y plantea a los estados reformas legales más eficaces frente a ella. La convención trata con el mismo rasero la corrupción en el sector público y el empresarial, y exige transparencia en la Administración y en la contratación pública. Por vez primera se plantea que puedan ser perseguidos penalmente los servidores públicos que al cesar en sus cargos no logren acreditar su incremento patrimonial. Se estimula la cooperación ciudadana para la denuncia de los hechos, admitiéndose la denuncia anónima.  Y, entre otros muchos avances, se reclama a los estados emplear los mismos métodos que se aplican a la delincuencia organizada, como operaciones encubiertas, vigilancia electrónica y control de las transferencias financieras para evitar el blanqueo de fondos. Hasta aquí, las expectativas que genera la convención. Veremos cómo y cuándo se cumplen. Cualquier demora será una forma de favorecer la corrupción y su impunidad. La realidad no parece ir en esa dirección. En 1997, la OCDE impulsó reformas legales para sancionar penalmente los sobornos –el cohecho-- en las relaciones comerciales internacionales que ahora están perfectamente definidas en el Código Penal: "Los que corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales ... para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales..." Una realidad incontestable en el mundo actual. Según la ONU, por este procedimiento han salido capitales de África por valor de 400.000 millones de dólares, en especial de Nigeria, que se ocultan y remansan en los bancos occidentales. Así, quien presidió el Zaire de 1965 a 1997, Mobutu Sese Seko, sustrajo de su país unos 5.000 millones de dólares, el equivalente a su deuda externa. El dictador nigeriano Sani Abacha y su camarilla saquearon 2.200 millones de dólares. Y podría continuarse con Salinas, Fujimori, Pinochet, etcétera.

En este contexto, se produce el escándalo del programa Petróleo por alimentos que la ONU aplicó en Irak desde 1996 hasta la invasión. Fue diseñado para aliviar el sufrimiento del pueblo iraquí provocado por las sanciones impuestas al Gobierno de Sadam Husein por la comunidad internacional. En los años 90, miles de niños de aquel país murieron por enfermedades y desnutrición a causa de la escasez de alimentos y de medicamentos. La comisión de investigación de la ONU, presidida por P. Volcker, descubrió que 2.253 empresas occidentales aprovecharon sus relaciones comerciales con aquel Gobierno, como contratistas de obras y servicios, para obtener ventajas y beneficios ilícitos pagando sustanciosas comisiones a las autoridades iraquís. Pagaron sobornos por valor de aproximadamente 4.000 millones de dólares, que enriquecieron al régimen iraquí en directo y gravísimo perjuicio del pueblo. Entre las empresas involucradas figuraban 45 españolas, claramente identificadas. El Informe Volcker, que consta de 12 millones de documentos probatorios, debe originar una decidida y profunda investigación penal para esclarecer los hechos. De las sociedades españolas debe saberse quiénes y dónde decidieron y ejecutaron la acción criminal, y en particular cómo se transfirieron los fondos ilícitos a sus beneficiarios. Pero, ¿qué está haciéndose? La Magistrada Eva Joly, instructora del caso Elf en Francia, decía que "dejar en manos de los estados-nación el contencioso penal en materia de delincuencia económica a gran escala es peligroso en la época de los intercambios mundiales". La realidad es que hoy, ante la carencia de un Tribunal Penal Internacional para estos delitos, son los estados los que afrontan esta delincuencia con demasiadas deficiencias, obstáculos y, en muchas ocasiones, una deliberada voluntad de encubrirlos. Es justo preguntarse por qué no se extiende a estas formas más graves de corrupción el principio de justicia universal. Los estados deben ser competentes para perseguir esos delitos aunque se cometan fuera de sus fronteras y con independencia de la nacionalidad de sus autores. Estaría plenamente justificado, sobre todo cuando el ordenamiento español aplica dicho principio a otros delitos de similar o inferior gravedad.

Ante el Informe Volcker es inadmisible el silencio de la OCDE y, según denuncia Transparencia Internacional, es preocupante que no esté garantizada la custodia y conservación de las actas probatorias para que estén a disposición de las autoridades judiciales nacionales. En todo caso, ¿qué está haciéndose en España? El ministro Pedro Solbes  dijo que se abriría una investigación. ¿Cuáles han sido sus resultados? La máxima responsabilidad corresponde al Poder Judicial, que está obligado, sin demora, a iniciar una investigación para determinar la intervención de los españoles en el pago de los sobornos, la veracidad y el alcance de éstos y los cauces financieros empleados para el abono de los mismos. Porque los delitos cometidos por los españoles, total o parcialmente, en Irak son perseguibles por nuestros tribunales. Sería una ofensa y un nuevo menosprecio al pueblo iraquí, tan maltratado por la invasión y la guerra, que la comunidad internacional enterrara una investigación exhaustiva sobre estos gravísimos delitos.