Ceranda Digital

Publicado el 15 de Marzo, 2006, 11:37

Escrito por Manuel Reyes Mate Rupérez, es Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía, perteneciente al CSIC 

El Períodico - 14-03-06

La política de las víctimas puede entenderse de dos maneras de acuerdo con el doble sentido del genitivo castellano: desde las víctimas (sentido posesivo); sobre ellas (genitivo ablativo). Aunque están relacionadas, son políticas diferentes.

Las víctimas no pueden pretender dictar la política de la comunidad sobre el terrorismo porque no la representan. El terror que padece la sociedad española es de amplio espectro y afecta a muchos, bien es verdad que de distinta manera. De ahí la responsabilidad del Gobierno que representa a todos en dirigir esa política. Si algo tan evidente no es aceptado por algunos políticos y algunas víctimas, empeñándose en una politización que enfrenta a víctimas con Gobierno, habrá que endosarlo a razones extrañas a los intereses de las propias víctimas. Ni Acebes ni Alcaraz hacen favor alguno a los afectados por el terror.


Durante siglos, las víctimas han sido invisibles. Desde los filósofos que con voz engolada proclamaban que el progreso tenía que "pisotear algunas florecillas al borde del camino", hasta los políticos europeos y estadounidenses de la posguerra, convencidos de que para construir el futuro no había que mirar atrás, las víctimas han sido siempre el precio inevitable de cualquier arreglo porque de lo que nadie duda es de que la política es de los vivos. Frente a un conflicto, la solución que Occidente avanzaba una y otra vez era siempre la misma: olvidemos el maldito pasado a condición de que no se repita.


Pero eso se ha acabado. La gran revolución silenciosa que está teniendo lugar es que cualquier proyecto que se construya con esa lógica carece de legitimidad. La literatura colonial está sacando los colores a repúblicas tan venerables como la francesa; las lecturas históricas que muestran que los oprimidos de todo los mundos han vivido en un permanente estado de excepción dejan el Estado social de derecho de esos países en un espacio reducido e insolidario. Esta onda expansiva también ha llegado al terrorismo. A diferencia de lo que ocurría en tiempos de Felipe González o de José María Aznar, que podían barajar el destino de los presos etarras en sus negociaciones con la banda terrorista, eso ya es imposible. Las víctimas están ahí, bien visibles, con voz propia.

No necesitan discursos, pues su fuerza proviene del hecho de ser víctimas. Es su existencia la que es elocuente. Lo que su sola presencia nos dice es, por un lado, que son sujetos de un daño personal irreparable y, por otro, que se les ha ofendido públicamente en su dignidad de ciudadanos. La respuesta política al daño personal consistirá en aliviarlo en todo lo posible, con ayudas económicas, becas para los hijos, protección a los supervivientes; es lo que tiene prevista la próxima ley sobre víctimas.


Más compleja es la respuesta política a su dañada existencia ciudadana. Recordemos que el terrorista cuando mata o amenaza está diciendo que las víctimas sobran en la sociedad que ellos preparan. Al quitarles de en medio lo que consiguen es empobrecer a la sociedad real y escindirla en dos. La empobrecen al eliminar por superfluo al que piensa diferente. Y también la parten por la mitad: de un lado los que matan y los que callan o se aprovechan del consiguiente terror para hacer avanzar sus fines políticos; del otro, las víctimas y quienes con ellas defienden su ser ciudadano y un modelo de convivencia donde la diferencia tiene carta de ciudadanía. La respuesta política, en caso de que dejen la violencia y las armas, tiene que hacerse cargo de esa sociedad empobrecida y dividida.


Y eso significa plantear un proceso de reconciliación que pasa, de entrada, por el necesario arrepentimiento público de los victimarios y por el facultativo perdón de las víctimas. Es la manera de reconocer la ciudadanía de la víctima declarada superflua. Una política democrática que tenga en cuenta a las víctimas tiene ahí unos límites que resultan infranqueables: por un lado, aliviar el daño causado y, por otro, la reparación pública de la dignidad ciudadana humillada.


Subvenir a estas exigencias era el sentido de las Comisiones de la Verdad y de la Reconciliación. Desmond Tutu cuenta que para articular prácticamente estas comisiones en Suráfrica tuvieron que echar mano de la cultura indígena, porque la occidental sólo sabía de castigos y olvidos. Los negros surafricanos sí sabían de reconciliación y perdón. Este apunte indica la dificultad que tiene ante sí un proceso de paz en el País Vasco. Cuando el lehendakari Ibarretxe  osa decir que "a nadie se le puede obligar a reconciliarse" (desde luego a cualquiera que hable de proyecto de futuro en una sociedad dividida), y el secretario general de los socialistas vizcaínos declara, hablando de víctimas y presos, que "hay que pedirles una cierta dosis de generosidad a ambos sectores", están dando a entender que por aquí andamos en otra galaxia.

Lo que justifica la preocupación de todas las víctimas respecto de la política del Gobierno es que, a estas alturas, no estemos todos implicados en una cultura de la reconciliación. Y no lo hacemos porque en el fondo pensamos que las circunstancias son las mismas que hace 10 o 20 años.

Y eso no es verdad. La memoria, hasta ahora cultivada en la intimidad de los que padecían la injusticia, va ganando la plaza pública. Piden cuentas los hijos de los esclavos, los descendientes de los colonizados y los nietos de los conquistados. Sus voces están ya en la conciencia ciudadana y pronto alcanzarán las leyes y los parlamentos. Aquí de momento nadie se hace eco de esas voces. Las víctimas están con razón inquietas.